No falta agua, falta conciencia y compromiso

El agua cubre el 75% de la superficie terrestre pero sólo el 1% del agua que hay en el planeta es agua dulce. El Perú es un país privilegiado, el 5% del agua dulce del mundo está aquí. Sin embargo más de la tercera parte de nuestra población carece de agua potable en sus casas, es decir, casi 10 millones de personas. Y sabemos que sin agua potable no hay salud ni calidad de vida. Por eso este tema fue y es un tema central en nuestra agenda política.

Podría decirse que el primer problema es que nuestras ciudades no están donde deberían estar. El 95% del agua dulce está en la cuenca amazónica, el 1.5% está en la cuenca del Titicaca y sólo el 3.5% está en las cuencas que desembocan en la costa, donde se concentra más del 70% de nuestra población. El problema del agua se ha extendido también a los sectores agrícola, industrial y minero. Si bien el caso de minas conga es el caso emblemático hay decenas de potenciales conflictos socio ambientales en curso.

Pero volviendo al tema del agua para consumo humano, se debe saber que el 62% de la población se abastece de agua a través de una de las 50 Empresas Prestadoras de Saneamiento (EPS) y el resto lo hace a través de Juntas (Rurales) de Agua y Saneamiento (JAAS), que suman más de 1800 en todo el país, o con sistemas de abastecimiento directo. En ambos casos no suponen agua de calidad. En el caso de las EPS, sus problemas esenciales son: a) Entre el 40% y el 60% del agua que producen no la facturan o la pierden por fugas, b) Su sistema de toma de decisiones, por el directorio municipal, está altamente politizada y carente de criterios técnicos; y c) La mayor parte de ellas están quebradas y subsisten con algún tipo de subsidio.

La brecha de infraestructura de agua y saneamiento en el Perú asciende a más o menos 10 mil millones de dólares.¿Que podemos hacer? Aquí algunas ideas que estamos trabajando con nuestro grupo parlamentario:Tenemos que reconocer que el acceso al agua y saneamiento constituyen un derecho fundamental de todos los ciudadanos, por lo que hay promover campañas de sensibilización al respecto (incluyendo la del reciclaje).

• Tenemos que declarar de interés nacional la atención de este problema y decidir resolverlo de cara al bicentenario;
• Tenemos que elaborar y trabajar con un solo plan nacional de saneamiento, fortaleciendo la DNS del Sector Vivienda.
• Tenemos que hacer un plan de inversión para agua y saneamiento del orden de mil millones de dólares anuales, constituyendo un fondo con recursos del Gobierno Central, Regional y Municipal, especialmente del Canon minero y energético.
• Tenemos que modernizar las EPS y formalizar las JAAS. En relación a las EPS: despolitizar su gestión (desmunicipalizar), nombrar directorios técnicos (con Fonafe), crear conglomerados regionales para crear economía de escala y garantizar la participación de los usuarios como accionistas de la empresa.
• Tenemos que simplificar el marco normativo que hoy es sumamente enrevesado y compendioso;
• Tenemos que fortalecer la SUNASS para lograr un mejor trabajo de fiscalización a nivel nacional.
• Finalmente, tenemos que desarrollar un plan para el mejoramiento de cuencas y alimentación de la napa freática. Las aguas subterráneas son vitales para el consumo humano y el desarrollo productivo.

Lima, marzo de 2012.

El límite es la tierra

El Ministro de Agricultura informó que está analizando una propuesta para establecer límites a la extensión de predios agrícolas dado que se estaría presentando una importante concentración de tierras por parte de algunos grupos económicos y empresas agroindustriales (léase Grupo Gloria, que actualmente posee aproximadamente 60 mil hectáreas y estaría a punto de adjudicarse otras 20 mil en el proyecto Olmos).

En principio, hay que precisar que esa es una posibilidad prevista en la Constitución, aunque eso no significa que sea una buena idea. El artículo 88° de la Constitución señala: “(…) La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona (…)”. Esto fue redefinido con la Ley 26505, Ley para la inversión privada agrícola, la misma que estableció expresamente: “Las garantías previstas en los Artículos 70 y 88 de la Constitución Política significa que por ningún motivo se podrá imponer limitaciones o restricciones a la propiedad de las tierras (…)”. Ello no excluye la posibilidad de establecer un impuesto a las propiedades que excedan las tres mil hectáreas. Idea que está desarrollando el Congresista Virgilio Acuña. Él propone establecer un impuesto predial más alto y escalonado para las propiedades de mayor dimensión. De 50 a 1,000 Hectáreas: 1UIT, de 1001 a 10,000 hectáreas: 3UIT, de 10,001 a 30,000 hectáreas: 4UIT, y de 30,001 a más hectáreas: 5UIT.

Sin embargo, ambas medidas parecen ser bastante ineficientes, por los siguientes motivos: i) La agricultura peruana necesita crear economía de escala para incorporar investigación y tecnología al campo. ii) El territorio agrícola de nuestro país no sólo es diverso y disperso, posee problemas distintos entre región y región, por tanto, lo lógico sería aplicar soluciones distintas a problemas distintos. iii) La fragmentación de la tierra y la dispersión de las parcelas afectan la competitividad empresarial y las remuneraciones laborales. iv) La provisión y distribución del agua para campo requiere de una considerable inversión inicial con grandes costos hundidos. v) La ampliación de la frontera agrícola se ha dado esencialmente habilitando el territorio eriazo de los desiertos de la costa, y otra cantidad de zonas de selva no habilitada. vi) La escala de impuestos que se ha propuesto no constituyen un desincentivo real a la concentración de la tierra ni un gran aporte al fisco. Por último, vii) Respecto de la frontera agrícola potencial, la cantidad ocupada hasta el momento es ridícula, por consiguiente no hay un riesgo real de dominio del mercado.

En consecuencia, el verdadero problema no está en limitar la extensión de la tierra. El problema es de orden económico, legal, moral y ético, pues se estarían usando fondos públicos para desarrollar grandes proyectos de irrigación que luego son tomadas por particulares a precios irrisorios, beneficiándose del subsidio que traen consigo.

La solución práctica, podría ser:

1.- Licitar las tierras en unidades más pequeñas para facilitar el ingreso de mayores ofertantes y mejorar el precio de la tierra.

2.- Los precios subsidiados deberían estar reservados para las pequeñas y medianas empresas. Para la gran empresa se puede establecer un mecanismo de pago fraccionado sobre la diferencia del costo.

3.- INDECOPI podría establecer un sistema de monitoreo y control para evitar: concentración de mercado, poder monopólico o abuso de posición de dominio, y –eventualmente- el control de fusiones específicamente para el sector agrario, con lo cual se podría analizar caso por caso y reprimir los supuestos en los cuales la dimensión y comportamiento de determinada empresa o grupo económico afecte al mercado, la producción o el consumo.