El límite es la tierra

El Ministro de Agricultura informó que está analizando una propuesta para establecer límites a la extensión de predios agrícolas dado que se estaría presentando una importante concentración de tierras por parte de algunos grupos económicos y empresas agroindustriales (léase Grupo Gloria, que actualmente posee aproximadamente 60 mil hectáreas y estaría a punto de adjudicarse otras 20 mil en el proyecto Olmos).

En principio, hay que precisar que esa es una posibilidad prevista en la Constitución, aunque eso no significa que sea una buena idea. El artículo 88° de la Constitución señala: “(…) La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona (…)”. Esto fue redefinido con la Ley 26505, Ley para la inversión privada agrícola, la misma que estableció expresamente: “Las garantías previstas en los Artículos 70 y 88 de la Constitución Política significa que por ningún motivo se podrá imponer limitaciones o restricciones a la propiedad de las tierras (…)”. Ello no excluye la posibilidad de establecer un impuesto a las propiedades que excedan las tres mil hectáreas. Idea que está desarrollando el Congresista Virgilio Acuña. Él propone establecer un impuesto predial más alto y escalonado para las propiedades de mayor dimensión. De 50 a 1,000 Hectáreas: 1UIT, de 1001 a 10,000 hectáreas: 3UIT, de 10,001 a 30,000 hectáreas: 4UIT, y de 30,001 a más hectáreas: 5UIT.

Sin embargo, ambas medidas parecen ser bastante ineficientes, por los siguientes motivos: i) La agricultura peruana necesita crear economía de escala para incorporar investigación y tecnología al campo. ii) El territorio agrícola de nuestro país no sólo es diverso y disperso, posee problemas distintos entre región y región, por tanto, lo lógico sería aplicar soluciones distintas a problemas distintos. iii) La fragmentación de la tierra y la dispersión de las parcelas afectan la competitividad empresarial y las remuneraciones laborales. iv) La provisión y distribución del agua para campo requiere de una considerable inversión inicial con grandes costos hundidos. v) La ampliación de la frontera agrícola se ha dado esencialmente habilitando el territorio eriazo de los desiertos de la costa, y otra cantidad de zonas de selva no habilitada. vi) La escala de impuestos que se ha propuesto no constituyen un desincentivo real a la concentración de la tierra ni un gran aporte al fisco. Por último, vii) Respecto de la frontera agrícola potencial, la cantidad ocupada hasta el momento es ridícula, por consiguiente no hay un riesgo real de dominio del mercado.

En consecuencia, el verdadero problema no está en limitar la extensión de la tierra. El problema es de orden económico, legal, moral y ético, pues se estarían usando fondos públicos para desarrollar grandes proyectos de irrigación que luego son tomadas por particulares a precios irrisorios, beneficiándose del subsidio que traen consigo.

La solución práctica, podría ser:

1.- Licitar las tierras en unidades más pequeñas para facilitar el ingreso de mayores ofertantes y mejorar el precio de la tierra.

2.- Los precios subsidiados deberían estar reservados para las pequeñas y medianas empresas. Para la gran empresa se puede establecer un mecanismo de pago fraccionado sobre la diferencia del costo.

3.- INDECOPI podría establecer un sistema de monitoreo y control para evitar: concentración de mercado, poder monopólico o abuso de posición de dominio, y –eventualmente- el control de fusiones específicamente para el sector agrario, con lo cual se podría analizar caso por caso y reprimir los supuestos en los cuales la dimensión y comportamiento de determinada empresa o grupo económico afecte al mercado, la producción o el consumo.