No falta agua, falta conciencia y compromiso

El agua cubre el 75% de la superficie terrestre pero sólo el 1% del agua que hay en el planeta es agua dulce. El Perú es un país privilegiado, el 5% del agua dulce del mundo está aquí. Sin embargo más de la tercera parte de nuestra población carece de agua potable en sus casas, es decir, casi 10 millones de personas. Y sabemos que sin agua potable no hay salud ni calidad de vida. Por eso este tema fue y es un tema central en nuestra agenda política.

Podría decirse que el primer problema es que nuestras ciudades no están donde deberían estar. El 95% del agua dulce está en la cuenca amazónica, el 1.5% está en la cuenca del Titicaca y sólo el 3.5% está en las cuencas que desembocan en la costa, donde se concentra más del 70% de nuestra población. El problema del agua se ha extendido también a los sectores agrícola, industrial y minero. Si bien el caso de minas conga es el caso emblemático hay decenas de potenciales conflictos socio ambientales en curso.

Pero volviendo al tema del agua para consumo humano, se debe saber que el 62% de la población se abastece de agua a través de una de las 50 Empresas Prestadoras de Saneamiento (EPS) y el resto lo hace a través de Juntas (Rurales) de Agua y Saneamiento (JAAS), que suman más de 1800 en todo el país, o con sistemas de abastecimiento directo. En ambos casos no suponen agua de calidad. En el caso de las EPS, sus problemas esenciales son: a) Entre el 40% y el 60% del agua que producen no la facturan o la pierden por fugas, b) Su sistema de toma de decisiones, por el directorio municipal, está altamente politizada y carente de criterios técnicos; y c) La mayor parte de ellas están quebradas y subsisten con algún tipo de subsidio.

La brecha de infraestructura de agua y saneamiento en el Perú asciende a más o menos 10 mil millones de dólares.¿Que podemos hacer? Aquí algunas ideas que estamos trabajando con nuestro grupo parlamentario:Tenemos que reconocer que el acceso al agua y saneamiento constituyen un derecho fundamental de todos los ciudadanos, por lo que hay promover campañas de sensibilización al respecto (incluyendo la del reciclaje).

• Tenemos que declarar de interés nacional la atención de este problema y decidir resolverlo de cara al bicentenario;
• Tenemos que elaborar y trabajar con un solo plan nacional de saneamiento, fortaleciendo la DNS del Sector Vivienda.
• Tenemos que hacer un plan de inversión para agua y saneamiento del orden de mil millones de dólares anuales, constituyendo un fondo con recursos del Gobierno Central, Regional y Municipal, especialmente del Canon minero y energético.
• Tenemos que modernizar las EPS y formalizar las JAAS. En relación a las EPS: despolitizar su gestión (desmunicipalizar), nombrar directorios técnicos (con Fonafe), crear conglomerados regionales para crear economía de escala y garantizar la participación de los usuarios como accionistas de la empresa.
• Tenemos que simplificar el marco normativo que hoy es sumamente enrevesado y compendioso;
• Tenemos que fortalecer la SUNASS para lograr un mejor trabajo de fiscalización a nivel nacional.
• Finalmente, tenemos que desarrollar un plan para el mejoramiento de cuencas y alimentación de la napa freática. Las aguas subterráneas son vitales para el consumo humano y el desarrollo productivo.

Lima, marzo de 2012.

El límite es la tierra

El Ministro de Agricultura informó que está analizando una propuesta para establecer límites a la extensión de predios agrícolas dado que se estaría presentando una importante concentración de tierras por parte de algunos grupos económicos y empresas agroindustriales (léase Grupo Gloria, que actualmente posee aproximadamente 60 mil hectáreas y estaría a punto de adjudicarse otras 20 mil en el proyecto Olmos).

En principio, hay que precisar que esa es una posibilidad prevista en la Constitución, aunque eso no significa que sea una buena idea. El artículo 88° de la Constitución señala: “(…) La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona (…)”. Esto fue redefinido con la Ley 26505, Ley para la inversión privada agrícola, la misma que estableció expresamente: “Las garantías previstas en los Artículos 70 y 88 de la Constitución Política significa que por ningún motivo se podrá imponer limitaciones o restricciones a la propiedad de las tierras (…)”. Ello no excluye la posibilidad de establecer un impuesto a las propiedades que excedan las tres mil hectáreas. Idea que está desarrollando el Congresista Virgilio Acuña. Él propone establecer un impuesto predial más alto y escalonado para las propiedades de mayor dimensión. De 50 a 1,000 Hectáreas: 1UIT, de 1001 a 10,000 hectáreas: 3UIT, de 10,001 a 30,000 hectáreas: 4UIT, y de 30,001 a más hectáreas: 5UIT.

Sin embargo, ambas medidas parecen ser bastante ineficientes, por los siguientes motivos: i) La agricultura peruana necesita crear economía de escala para incorporar investigación y tecnología al campo. ii) El territorio agrícola de nuestro país no sólo es diverso y disperso, posee problemas distintos entre región y región, por tanto, lo lógico sería aplicar soluciones distintas a problemas distintos. iii) La fragmentación de la tierra y la dispersión de las parcelas afectan la competitividad empresarial y las remuneraciones laborales. iv) La provisión y distribución del agua para campo requiere de una considerable inversión inicial con grandes costos hundidos. v) La ampliación de la frontera agrícola se ha dado esencialmente habilitando el territorio eriazo de los desiertos de la costa, y otra cantidad de zonas de selva no habilitada. vi) La escala de impuestos que se ha propuesto no constituyen un desincentivo real a la concentración de la tierra ni un gran aporte al fisco. Por último, vii) Respecto de la frontera agrícola potencial, la cantidad ocupada hasta el momento es ridícula, por consiguiente no hay un riesgo real de dominio del mercado.

En consecuencia, el verdadero problema no está en limitar la extensión de la tierra. El problema es de orden económico, legal, moral y ético, pues se estarían usando fondos públicos para desarrollar grandes proyectos de irrigación que luego son tomadas por particulares a precios irrisorios, beneficiándose del subsidio que traen consigo.

La solución práctica, podría ser:

1.- Licitar las tierras en unidades más pequeñas para facilitar el ingreso de mayores ofertantes y mejorar el precio de la tierra.

2.- Los precios subsidiados deberían estar reservados para las pequeñas y medianas empresas. Para la gran empresa se puede establecer un mecanismo de pago fraccionado sobre la diferencia del costo.

3.- INDECOPI podría establecer un sistema de monitoreo y control para evitar: concentración de mercado, poder monopólico o abuso de posición de dominio, y –eventualmente- el control de fusiones específicamente para el sector agrario, con lo cual se podría analizar caso por caso y reprimir los supuestos en los cuales la dimensión y comportamiento de determinada empresa o grupo económico afecte al mercado, la producción o el consumo.

El tema no es la mina, es la distribución de la riqueza.

Por: Gilbert Violeta


El Perú es un país cargado de riqueza minera con un enorme sentimiento anti minero.

En el imaginario popular la mina representa la mita, el socavón, la explotación y la muerte lenta e indolente. La minería no ha servido para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Hualgayoc (Cajamarca) por ejemplo, tiene un ingreso familiar per capita de apenas S/. 216.00 (o sea, 7 soles diarios), el analfabetismo es superior al 30%, y ocupa como provincia el puesto 172 (de 189) en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD (http://www.pnud.org.pe/frmDatosIDH.aspx ). Así, no es difícil ser anti minero.

Por otro lado, un país como el Perú basa gran parte de su riqueza en la minería (S/. 4,000 millones este año). La minería le da al fisco los dólares necesarios para su flujo comercial. En la última década ésta inició un verdadero proceso de modernización. Con el crecimiento de la economía y los ingresos mineros también creció –y de manera exponencial- la natural expectativa de la gente.

Seamos claros. La obligación de la mina no es hacer obras. Se le exige cosas que no le corresponde: el colegio, la carretera, los abonos, etc. Su obligación es pagar impuestos (todos los que corresponde, sin triquiñuelas legales), cumplir sus obligaciones laborales y respetar las normas ambientales que imponga el Estado. Hacer obras no es su obligación. Esa es una obligación del Gobierno Central, del Gobierno Regional y de los Municipios.

El problema de fondo no es “mina si o mina no”, ni la disyuntiva “oro o agua”. ¿Por qué no es posible elevar el estándar ambiental y exigir mayor cuidado y control en el uso del agua? Hay mucha tecnología desarrollada en el mundo para hacer esto posible. Costará más, sin dudas, pero es un costo necesario.

El problema de fondo radica en el sistema de distribución de la riqueza. El sistema de Canon, impuestos por obras, y los programas asistencialistas, no son suficientes. No hay chorreo, no hay disminución de la brecha, no hay más infraestructura y no hay plata en el bolsillo.

La gente tiene que sentir que por fin recibe un beneficio directo de la explotación minera y que él o ella y su familia entera se benefician de la riqueza de la nación. En esto PPK tiene razón. Distribuyamos parte del Canon a la gente, sin mayores vueltas. Otra parte del Canon debe servir para cubrir dos fondos específicos, uno educativo y otro agrario. Hay innumerables experiencias positivas que se pueden replicar en ambos sectores. En 10 años veremos los resultados, que no dudo, serán positivos.


Lima, 05.Dic.2011

Los 100 Primeros Días de Humala

Casi por unanimidad los analistas coinciden en que la gestión del Presidente Humala arroja saldo positivo. PPK incluso se atrevió a decir que le ponía 18 de nota a su gestión económica. Con tanta buena onda y entusiasmo acuestas el Presidente se ha animado a dar una inusual entrevista a cuatro bandas y batirse en directo ante la audiencia nacional esta noche. Ello ocurrirá a las 8:00 pm. y lo transmitirán los 4 canales más importantes de señal abierta. En fin, como todos estos balances suelen ser bastantes bastante genéricos, adelanto algunas ideas que podrían servirnos para formar opinión.

ASPECTOS POSITIVOS:

• La continuidad del modelo económico y haber despejado del debate nacional (al menos por ahora) la reforma constitucional sobre el capítulo económico de la carta magna.
• El énfasis en la Inclusión Social, aunque por ahora constituye básicamente un discurso político con pocas medidas adoptadas y resultados aún no demostrados.
• La incorporación de importantes funcionarios de carrera pública, en el MEF, el BCR, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Social.

ASPECTOS PREOCUPANTES:

• Los cambios a nivel de Cancillería, las FFAA y la PNP, y la guardia personal del Presidente, no parecen ser acciones aisladas. No muestran criterios técnicos. Ello nos exige que mantengamos una posición de alerta democrática. No podemos ignorar la agenda latente de algunos sectores radicales que se han abierto paso en el Gobierno actual.
• El aplazamiento de 17 obras públicas que suman US$ 4,750 millones, y que están a cargo de ProInversión, cuyas concesiones permitirán modernizar puertos (como el Pisco, Pucallpa o Iquitos), distribuir gas (en zonas como Cusco, Puno, Ayacucho, Huancayo o Chimbote), y tener plantas térmicas (en Puerto Maldonado y Pucallpa), entre otros.
• La falta de impulso a la inversión privada a pesar de que esta es 6 veces mayor que inversión pública. Dos ejemplos preocupantes: Minas Conga (US$ 4 mil millones) y las inversiones de PeruPetro (US$ 350 millones en hidrocarburos).
• La demorada reglamentación de la Ley de Consulta Previa, la misma que podría desalentar la inversión en proyectos importantes para el país, justo cuando estamos ad portas de un ajuste de la economía mundial.

ASPECTOS NEGATIVOS:

• No existe un claro deslinde contra la corrupción; la misma que compromete a las esferas más altas del poder: los vicepresidentes y congresistas del oficialismo, además del mismo hermano del Presidente. Esto supone una clara responsabilidad política que debería ser resuelta por el mismo Presidente Humala con mano firme. Recordamos que en la llamada Hoja de Ruta, el Sr. Humala le prometió al pueblo peruano “[El] restableciendo el principio de la ética pública, combatiendo la corrupción y el despilfarro del dinero del Estado (…)”; siendo además su slogan de campaña “Honestidad es la diferencia”, todo lo cual no se está cumpliendo.
• No existe un claro deslinde contra la ineficiencia. La gestión del Ministerio de la Mujer y la del Ministerio de Cultura denotan cuando menos falta de experiencia y compromiso para atender la demanda social.
• No se han adoptado medidas eficaces contra la inseguridad ciudadana. Mientras tanto el crimen y la inseguridad siguen en aumento, a pesar que según las encuestas, ésta es la principal demanda de la población.
• No existe una clara estrategia de lucha contra el narcotráfico; develada en acciones que son abiertamente contradictorias sobre erradicar o no los cultivos ilegales, cuyas acciones además se trastocan con la presencia del Sr. Ricardo Soberón al frente de Devida, quien a pesar de dirigir esta institución ha mostrado un discurso pro cocaleros.
• Aún no se implementa un plan de infraestructura pública para luchar contra la pobreza, con dotación de agua potable y alcantarillado, electrificación y caminos rurales, lo cual afecta a más de 10 millones de peruanos que viven históricamente marginados, por debajo de la línea de pobreza. Esto denota la falta de liderazgo del Gobierno Central para emprender acciones de envergadura en generación de infraestructura pública en el país y la falta de respaldo de funcionarios de menor jerarquía que se sienten intimidados por las posibles repercusiones que supone tomar decisiones sin el respaldo debido.

GV.

¿Cuánto invertimos en Educación?

Este año (2011) la inversión en educación en el PERÚ apenas alcanza el 2.8% de nuestro PBI. El presupuesto para el siguiente año (2012) sube al 2.9% del PBI, pasando de 13,181 millones de soles a 15,252 millones de soles. Es decir un incremento lamentable de apenas el 0.1%.

En el mundo, los países invierten en promedio el 5.7% de sus PBI. Esta es una media mundial entre los países ricos y pobres. BRASIL destina el 5.2% de su PBI, mientras MEXICO destina el 5.7% y CHILE el 6.4% de su PBI.

Vale recordar que todos los Partidos Políticos se comprometieron en el ACUERDO NACIONAL a subir el Presupuesto del sector educación al 6% del PBI nacional, lo cual no se está cumpliendo con el gobierno nacionalista.

En conclusión, estamos y seguiremos por debajo de la mitad de la media internacional y de la meta del Acuerdo Nacional en inversión educativa.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DE HUMALA Y SU SUPUESTA PREOCUPACIÓN POR EL AGRO

1. Durante los últimos años el Presupuesto del sector Público se viene incrementando como efecto del crecimiento de nuestra economía. Sólo entre el 2006 y el 2012 el presupuesto prácticamente se ha duplicado, pasando de 50,692 millones de soles a 95,535 millones de soles.

2. Sólo entre el 2011 y el 2012, ese crecimiento alcanza nominalmente el 8%.

3. Sorprende que ciertos funciones, sin desmerecer su importancia, estén siendo priorizados y gozando de un incremento presupuestal significativo, tales como:

- Planeamiento, gestión y reservas de contingencia, que crece en 21.4%
- Comercio, que crece en 46.2%
- Turismo, que crece en 29.6%, y,
- Comunicaciones, que crece en 26.3%; entre otros.

4. Por otro lado, se ha anunciado también el incremento del presupuesto para Programas Asistenciales, algunos con nuevos nombres. Entre ellos: Cuna Mas, Pensión 65, beca 18 y los PEAS educativos.

5. Mientras tanto, el sector estratégico que podría ayudar a superar la pobreza de manera sostenida, el Sector Apropecuario, sólo se ha incrementado en términos nominales en 7.5% (es decir, por debajo del crecimiento del presupuesto global, que es 8%). Y ello en términos generales significa que el Sector Agropecuario sólo comprende 2.6% del Presupuesto Global.

6. La gran contradicción es que el Sector Agropecuario es el único sector que constitucionalmente está reconocido como sector al que el Estado le debe un apoyo y trato preferente (artículo 88° de la Constitución).

7. ¿Y por qué la Constitución ha establecido esta obligación?: Por que el sector agrario, comprende en términos reales a:

- Un millón 900 mil agricultores,
- El 8% del PBI,
- El 9% de las exportaciones,
- El 28.5% del PEA nacional, y,
- El 65.5% del PEA rural.

Asimismo:
- Gran parte del sector agrario coincide con las zonas de concentración de la pobreza en nuestro país. Del 34% de pobreza existente según el INEI, el 64% está concentrada en las zonas rurales, donde la principal actividad de sobrevivencia es la agricultura.

8. En consecuencia, lo que evidencia este proyecto de Ley es una clara despreocupación por el sector agrario de nuestro país.

El meollo de la Ley de Consulta Previa

El verdadero punto de discusión en el debate de la “Ley de Consulta Previa” (a las comunidades nativas), que posiblemente se discuta hoy en el Congreso, es si los resultados de la consulta tendrán o no efecto vinculante, es decir, si serán o no de obligatorio cumplimiento para la comunidad, el Estado y los inversionistas.

Convendría que los Congresistas revisen: a) la Sentencia del TC sobre la acción de inconstitucionalidad del D.Leg 994; b) la Sentencia de la CIDH sobre el caso Saramaca; c) la Medida Cautelar de la CIDH en el caso Hidroeléctrica Belo Monte; y d) el Informe de la CIDH sobre derechos de los pueblos indígenas.

El informe de la Comisión es más puntual. Ha identificado tres supuestos en los que la obtención del consentimiento es obligatorio:

1. Cuando los planes o proyectos de desarrollo o inversión impliquen el desplazamiento definitivo de los pueblos o comunidades, es decir, su reubicación permanente.
2. Cuando los planes de inversión o desarrollo o de concesiones de explotación de los recursos naturales prive a los pueblos indígenas de la capacidad de usar y gozar de sus tierras y de otros recursos naturales necesarios para su subsistencia; y,
3. Cuando el territorio a ocupar vaya a ser utilizado como depósito o almacenamiento de materiales peligrosos en tierras o territorios indígenas.

Una ley muy rígida puede frustrar inversiones importantes para nuestro país, mientras que una ley demasiada flexible puede generar otro baguazo.