martes, 23 de agosto de 2011

El meollo de la Ley de Consulta Previa

El verdadero punto de discusión en el debate de la “Ley de Consulta Previa” (a las comunidades nativas), que posiblemente se discuta hoy en el Congreso, es si los resultados de la consulta tendrán o no efecto vinculante, es decir, si serán o no de obligatorio cumplimiento para la comunidad, el Estado y los inversionistas.

Convendría que los Congresistas revisen: a) la Sentencia del TC sobre la acción de inconstitucionalidad del D.Leg 994; b) la Sentencia de la CIDH sobre el caso Saramaca; c) la Medida Cautelar de la CIDH en el caso Hidroeléctrica Belo Monte; y d) el Informe de la CIDH sobre derechos de los pueblos indígenas.

El informe de la Comisión es más puntual. Ha identificado tres supuestos en los que la obtención del consentimiento es obligatorio:
  1. Cuando los planes o proyectos de desarrollo o inversión impliquen el desplazamiento definitivo de los pueblos o comunidades, es decir, su reubicación permanente.
  2. Cuando los planes de inversión o desarrollo o de concesiones de explotación de los recursos naturales prive a los pueblos indígenas de la capacidad de usar y gozar de sus tierras y de otros recursos naturales necesarios para su subsistencia; y,
  3. Cuando el territorio a ocupar vaya a ser utilizado como depósito o almacenamiento de materiales peligrosos en tierras o territorios indígenas.
Una ley muy rígida puede frustrar inversiones importantes para nuestro país, mientras que una ley demasiada flexible puede generar otro baguazo.


jueves, 11 de agosto de 2011

Humala: Todo o nada

Cambios constitucionales, o por lo menos su intento, parecen inminentes en este gobierno. Las dudas de la Administración Humala estarían en decidir si van por la reforma parcial o si toman la ruta del cambio total (con Constituyente de por medio). Éste podría ser el motivo por el cual el Gabinete aún no ha ido al Congreso. Necesitaría ganar tiempo.

Según la Constitución actual es posible realizar reformas constitucionales dentro del propio marco legal sin necesidad de recurrir a una Asamblea Constituyente. De hecho varios artículos de esta Constitución han sido modificados y párrafos enteros suprimidos sin tanta publicidad. Observen los artículos 11º, 31º, 34º, 74º, 77º, 80º, 81º, 87º, 90º, 91º, 92º, 96º, 101º, 103º, 107º, 112º, 191º, 194º, 200º y la primera Disposición Final y Transitoria de la actual Constitución. Todos modificados. Incluso el Capítulo XIV sobre Descentralización, que iba del artículo 188º al 199º fue íntegramente cambiado. Además, se ha incorporado dos Disposiciones Transitorias Especiales que inicialmente no estaban previstas.

Esto nos lleva a pensar que la idea real del nuevo Gobierno no sólo es modificar uno o dos artículos como señalaron algunos Ministros (hablando de ampliar el rol subsidiario del Estado en materia empresarial, art. 60º), pues eso podría hacerse en dos legislaturas ordinarias sin mayor zozobra. Por el contrario el Presidente y los Vicepresidentes han dado un gesto político más audaz reivindicando la Constitución de 1979.

Si bien, por ahora todo es especulación, la interrogante subsiste y merece que ensayemos algunas respuestas.

Primero podría decirse que sólo se trata de una medida de control de daños mostrando simbólicamente el deseo de cumplir con la palabra empeñada en campaña, haciendo un gesto para el balcón. Otra posibilidad es que realmente tienen el deseo de impregnar en una nueva Carta Magna una visión política o ideológica distinta, pero sólo en términos generales, sin mayor cambio sustantivo.

Pero puede haber algo más profundo. Sin pretender tomar el lugar del psicoanalista del Presidente, repasemos su perfil y razonamiento. Ocurre que un motivo común en líderes ideologizados, mesiánicos o con formación castrense, es el deseo de marcar la historia con su nombre de manera especial. Sería la era Humala: una nueva etapa en la historia republicana – constitucional. Y para que sea tal tendría que incidir en cambios profundos de connotación política, social y económica. Por ejemplo, cambiar el régimen de propiedad (de mucha relevancia para los proyectos de hidrocarburos y las comunidades campesinas y nativas), o reformar el régimen laboral adscribiéndose a un sistema proteccionista; o, modificar el régimen de autonomías regionales con descentralización fiscal, reconociendo a su vez como “naciones”, y en rango constitucional, a comunidades como la Aymara y las amazónicas. El riesgo es que este proceso podría abrir una caja de Pandora con efectos imprevisibles. Las organizaciones populares, que en gran medida fueron votantes del actual Presidente y que tienen demandas largamente postergadas pueden generar un desembalse de pedidos, saliendo a las calles para exigir a la clase política que reconozcan sus legítimas demandas, y el Gobierno, lejos de limitarlos, podría ponerse al frente de ellos para fortalecerse con el calor popular. El riesgo es que terminemos como Bolivia o Venezuela despertando los más de 200 focos potenciales de conflicto registrados por la Defensoría del Pueblo.

De cualquier manera, hablar siempre de cambio constitucional no es un juego, especialmente si se elige el camino largo y complicado de la Asamblea Constituyente. La posibilidad de generar enfrentamiento social, fracturas políticas y efectos económicos adversos son enormes; y no olvidemos que –como todo indica- ya se avisora un panorama económico mundial no muy auspicioso.

domingo, 7 de agosto de 2011

Tres cortitas: Crisis económica, Inclusión Social y Justicia:

1. Se avecina una nueva crisis en la economía mundial. La deuda pública norteamericana alcanzó los 14.8 billones de dólares (por encima del 100% de su producto bruto interno). Waldo Mendoza recomienda con conocimiento del tema que el Gobierno peruano tome la oportunidad para impulsar una política económica contracíclica, es decir, para promover más inversión pública. Tomando los consejos de PPK, esa inversión debería priorizarse en infraestructura: caminos rurales, agua y redes eléctricas para las zonas más pobres del país. Nuestra brecha en infraestructura es 10 mil millones de dólares.

2. Según se ha anunciado, el nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social nacerá de la descomposición del Ministerio de la Mujer, de la PCM y del MEF, y se dice que será el órgano rector de toda la política social en nuestro país. Su creación debería brindar la oportunidad de sistematizar toda la normativa y los programas sociales que en la actualidad operan disfuncionalmente con poco resultado positivo. Si se hacen bien las cosas, la pobreza podría ser un dato histórico para el 2021. Recuerden el Plan PPK.

3. El jueves último fue el día del Juez. La justicia aún está en la agenda pendiente del país. Según el PNUD sólo el 35% de los peruanos recibe tutela judicial efectiva. Por lo pronto, en el camino de hacer justicia a las mujeres, y reconocer su capacidad, ese mismo día el Congreso nombró a la primera mujer que ejercerá el cargo de Oficial Mayor en la historia del país y Latinoamérica.

viernes, 5 de agosto de 2011

Sin Seguridad no hay Desarrollo

Vemos con estupor la lamentable noticia del disparo que recibió la hija del parlamentario Renzo Reggiardo en una calle de nuestra ciudad, hecho que nos recuerda el caso de la niña Romina, por tratarse de dos menores de edad víctimas de la crueldad criminal.

En los últimos 10 años los homicidios se han triplicado (pasamos de 5 a 15 homicidios por cada 100 mil habitantes). Ante ello, se necesita más que solo mano dura, se necesita una sociedad que responda de manera conjunta y coordinada.